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Al cierre de 2009, los recursos propios de Cajasur alcanzaban 444,3 millones de euros, frente a los 967,5 millones que exigía la ley, de modo que el ratio de solvencia se situaba en el 3,67 por ciento, por debajo del 8 por ciento debido, de acuerdo con el informe de auditoría realizado por Deloitte.
Según una resolución que se recoge en el Boletín Oficial del Estado (BOE) de hoy, los tres administradores del FROB que gestionarán la entidad cordobesa son José Antonio Iturriaga Miñón, Tomás González Peña y Francisco Orenes Bo, quienes actuarán “mancomunadamente en todas y cada una de las funciones que le corresponden al Frob”.
El Fondo de reestructuración Bancaria (Frob) ha nombrado a los tres expertos que administrarán provisionalmente la Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Córdoba (Cajasur), tras ser intervenida anoche por el Banco de España.
Según una resolución que se recoge hoy en el Boletín Oficial del Estado (BOE), los designados son José Antonio Iturriaga Miñón, Tomás González Peña y Francisco Orenes Bo, quienes actuarán mancomunadamente en todas y cada una de las funciones que le corresponden al Frob.
Se trata de expertos con una amplia trayectoria en el sector bancario y en el de la auditoría, lo que será clave dada la delicada situación de Cajasur.
José Antonio Iturriaga, fue inspector del Banco de España entre 1984 y 1989, cuando saltó al sector privado y fue nombrado director de Auditoría Interna del Banco Zaragozano.
Presidente del Instituto de Auditores Internos entre 1999 y 2004, Iturriaga dirige en la actualidad su propia consultora, con servicios de asesoramiento en control interno y prevención del blanqueo de capitales.
Tanto Tomás González Peña como Franciso Orenes han desempeñado también puestos directivos en el sector bancario, ya que el primero llegó a ser director de banca corporativa para España y Portugal del Santander Central Hispano, mientras que el segundo ejerció cargos de relevancia en el Banco de Murcia y participó en su fusión con el Banco de Valencia en 2002.
“Problemas de viabilidad”
La intervención, la segunda que realiza el Banco de España tras la de Caja Castilla-La Mancha, se decidió “como consecuencia de los problemas de viabilidad” que presenta CajaSur y garantiza que ésta siga operando con normalidad y “cumpla con todas sus obligaciones frente a terceros”, explica el Banco de España.
“Los depositantes y acreedores pueden estar totalmente tranquilos” señala el emisor, quien añade que la Comisión Rectora del FROB ha acordado “suscribir los recursos de capital necesarios para que la caja alcance un coeficiente de solvencia superior al mínimo legal y facilitar una línea de liquidez que le permita cubrir todas sus necesidades”.
La Junta de Andalucía se unía esta madrugada a este mensaje de tranquilidad a los impositores y clientes de Cajasur y lamentaba la decisión de la entidad cordobesa de rechazar la fusión con Unicaja.
El Gobierno andaluz explicaba a Efe que siempre ha considerado que la unión entre ambas cajas era la “mejor opción para resolver las dificultades económicas de la entidad cordobesa” y supondría, además, un “fortalecimiento del sistema financiero andaluz”.
CajaSur representa apenas el 0,6 por ciento de los activos del sistema bancario español, “que no va a ver afectada su solidez en absoluto por esta situación”, en opinión del Banco de España.
Unicaja, por su parte, aprobó su fusión con CajaSur ayer, último día del plazo dado por el Banco de España, a pesar de que la mesa de negociación laboral -formada por las direcciones de ambas entidades y cinco sindicatos- aún no había alcanzado un acuerdo tras sus intensas reuniones de los últimos días, la última ayer por la tarde, después incluso de la hora en la que estaban convocados los consejos de las cajas.
La entidad malagueña, dirigida por Braulio Medel, asegura que su consejo de administración dio luz verde a un principio de acuerdo laboral, según aseguraron a Efe fuentes de la institución, que manifiestan que ésta ha cumplido con todos los compromisos pactados con la otra caja.
La falta de acuerdo laboral ha sido el principal escollo que ha impedido a la entidad cordobesa, controlada por la Iglesia, ratificar el protocolo de intenciones de fusión, y su plan de actuación económica y apoyos financieros que ambas cajas habían suscrito el verano pasado.