Nº 1570 -  31 / VII / 2014 
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OPINIÓN

Los agujeros negros de la Unión Europea

Carolina G.-Cortines
 

Las propuestas que la Comisión Europea ha traído a Madrid para tratar de afrontar mejor las crisis futuras son ambiciosas. Habían levantado grandes expectativas de poder alcanzar, al menos, lo que se conoce en la jerga comunitaria como “un principio de acuerdo”. Las medidas ideadas por el Ejecutivo de José Manuel Durao Barroso, prevista para afrontar poco a poco los grandes agujeros que acechan a Europa, parecen en cambio abocadas a abrir alguno más. Pese a que se trataba de una reunión informal del  Eurogrupo y de los ministros de Economía y Finanzas de los Veintisiete, los resultados del Ecofín, celebrado en Madrid con la presidencia de Elena Salgado, no pueden ser más decepcionantes.

Europa parece haberse dejado llevar por la costumbre española de posponer la solución a los problemas, como denunció en la primera mitad del siglo XIX, Mariano José de Larra, en su artículo ‘Vuelva usted mañana’. Hoy no se puede decir que no haya propuestas de la Comisión Europea. Bruselas ha avanzado la idea de un nuevo Pacto de Estabilidad reforzado, incluyendo sanciones automáticas a los países que lo incumplan, como la suspensión de la entrega de los Fondos Estructurales.

También propone la ampliación de los indicadores económicos a tener en cuenta en un futuro de cara a prevenir nuevas crisis, como los niveles de endeudamiento privado, las cifras de comercio exterior, los datos de consumo interno, el coste de las políticas para ayuda al desempleo y la competitividad de la economía. Releyendo las propuestas de la Comisión, la nota para España podría ser desastrosa.

Es evidente que la vigilancia en base a los criterios clásicos de estabilidad no han impedido el engorde y explosión de la burbuja inmobiliaria y el preocupante endeudamiento privado, lo que exige en pura lógica pasar de las palabras a los hechos e introducir nuevos criterios de supervisión.

Pero en la capital española tampoco se ha avanzado nada ni sobre el proyecto de gobernanza económica de la Unión, ni sobre la implantación de una tasa sobre el sistema financiero para disponer de un fondo con el que afrontar previsibles nuevas crisis económicas, ni sobre la aprobación de un mecanismo permanente para solucionar crisis como la griega.

Para lo que sí ha servido la celebración del Ecofín de Madrid, ha sido para que el presidente de los países del euro, el primer ministro luxemburgués, Jean-Claude Junker aclarara que lo aprobado en la cumbre de Bruselas los pasados 24 y 25 de marzo y que pasado mañana explicará el presidente del Gobierno en el Congreso de los Diputados, es para Grecia y nada más que para tratar de evitar la suspensión de pagos de Grecia.

En el caso en que se produjera una crisis similar en países como España, Grecia, Irlanda o Italia, los que están en la boca de analistas y medios de comunicación internacionales, se necesitarían nuevas consultas urgentes entre los países miembros para aprobar las medidas de salvamento.

Esta misma explicación la daba días antes el nuevo comisario de Asuntos Económicos y Monetarios, Olli Rehn, al anticipar que la Comisión Europea presentará propuestas concretas en una comunicación que hará pública el próximo 12 de mayo, tanto sobre los puntos mencionados, como sobre lo que el comisario sueco calificó de posibilidad de aumentar la “dimensión europea” en los procesos presupuestarios nacionales. Lo que dicho en roman paladino  significa conceder un derecho de veto a la Comisión antes de que los parlamentos nacionales debatan sus presupuestos si en los mismos se percibe que las cuentas se desvían del pacto de Estabilidad Europeo.

El objetivo final es que la coordinación presupuestaria se haga ex ante y no a posteriori, mediante una evaluación de la Comisión sobre los programas de estabilidad nacionales. En menuda se ha metido la Comisión. La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Economía y Hacienda española, no dejó pasar la oportunidad de cerrar tajantemente esta posibilidad. Salgado descartó rápidamente que la Comisión pueda imponer un derecho de veto a los parlamentos nacionales y aclaró que tampoco le quita ni un ápice de poder al consejo de ministros.

Sin nuevas medidas, de nuevo parece plantearse el problema de las dos Europas. La de quienes quieren hacer del control, sobre todo del déficit, el objetivo principal de la gobernanza de la Unión, encabezados por Alemania, y la de quienes defienden una mayor flexibilidad en el control del mismo para no estrangular el crecimiento económico y no llevar a algunos países a una situación política y socialmente explosiva.

Si España tiene que reducir al 3% su déficit presupuestario para el 2013, como está acordado, el Gobierno que lo lleve a cabo sufrirá consecuencias políticas muy negativas y los ciudadanos mayores estrecheces. La continuidad del alto nivel de desempleo será una de ellas. Como repiten destacados dirigentes del Partido Popular sería devastador no sólo para el líder del partido que lo intente, sino para el propio partido. Veremos lo que ocurre en Grecia. La solución de los muchos agujeros de la economía europea quizás le exija a los países más potentes como Alemania a compartir parte de su prosperidad con el resto de los europeos.

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