Zapatero califica de “innovadora y reformista” la propuesta de pagar el despido con dinero público

Tal y como era de esperar, la nueva propuesta de reforma laboral, en la que destaca sobre todo el abaratamiento de 45 a 33 días el conste del despido mediante el impulso del contrato de fomento de empleo, ha gustado más a la patronal que a los sindicatos. El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero quiso justificar esta medida, “innovadora y reformista”, porque “mantiene exactamente” los derechos del trabajador en caso de despido, ya que sólo pretende hacerlo “menos costoso a los empresarios”. Será el Gobierno, aseguró, quien pague dicha diferencia. Pero el secretario general de UGT, Cándido Méndez, lamentó además que la propuesta de implantación de un fondo para el despido no deja de ser un “simulacro” del modelo austriaco de despido “que no es ni por asomo” lo que las organizaciones sociales plantearon en el diálogo social. También el secretario general de CCOO, Ignacio Fernández Toxo, mostró su tristeza por que el Ejecutivo “haya pillado de mala manera” la propuesta, por lo que “no gusta ni el tono ni la música” del documento. Desde los empresarios, que en su día apostaron por una fórmula similar, el presidente de la patronal catalana ha hablado en nombre de la CEOE, al calificar como “buena” la propuesta, al tiempo que ha apostado por aplicar “lo más rápido posible” reformas que adapten la “rancia” legislación laboral española.

ZapateroZapatero calificó de “innovador y reformista” el “proyecto de propuesta concreta” remitido a empresarios y sindicatos. Según dijo, el documento cumple su “compromiso” de “mejorar y facilitar los costes a las empresas en las relaciones laborales sin que los trabajadores pierdan derechos”.

Para ello, admitió que reducir el coste del despido para los empresarios tendrá que hacerse con “recursos públicos”, pero agregó que “a nadie debe extrañar” porque en España ya hay “un sistema muy amplio de bonificaciones a la contratación”.

Zapatero reconoció que el Gobierno quiere “estimular” el contrato de fomento del empleo -que prevé una indemnización por despido de 33 días por año trabajado en lugar de los 45 del contrato ordinario- para que sea una “vía de entrada de trabajadores y corrija el excesivo volumen” de contratos precarios y temporales. “Para que ese estímulo se produzca queremos facilitar las cosas a los empresarios”, argumentó.

Según ha explicado, la alternativa más sólida que baraja el Gobierno es que para reducir la aportación que tiene que hacer el empresario en el despido se utilicen recursos públicos, que procederían del presupuesto destinado actualmente a incentivar la contratación mediante bonificaciones (entre 3.000 y 4.000 millones de euros).

La propuesta española se basa en el modelo austríaco, en el que el trabajador cuenta con un sistema de indemnización por despido que funciona como un fondo de ahorro, una “mochila” que puede mantener aunque cambie de trabajo y que el Estado incentiva utilizar como complemento a la pensión pública. Eso sí, en Austria sólo son las empresas las que aportan a ese fondo para el despido y en España contribuiría también el Estado.

Zapatero insistió en que esta “propuesta para el acuerdo”, no sólo “no va a suponer una merma de los derechos de los trabajadores ante una situación de despido”, sino que, además, puede “mejorar el funcionamiento del modelo porque facilitará la movilidad”.

En este punto, se refirió a la propuesta inspirada en el modelo austriaco que abriría la puerta a que “el trabajador disponga de una parte de la indemnización por despido como mejor considere y que le acompañe a él y no esté directamente vinculada a la empresa”.

Reformas necesarias

Con buenos ojos y cierto optimismo han valorado los empresarios dicha propuesta. El presidente de la CEOE, Gerardo Díaz-Ferrán, ha evitado valorar la propuesta, y se ha limitado a suscribir las palabras del presidente de Foment del Treball, Joan Rosell, quien ha insistido en la necesidad de adoptar reformas que flexibilicen el “rígido” mercado de trabajo del país.

Rosell cree que es “tan injusto” que haya contratos que no contemplen indemnización por despido como que otros estipulen el cobro de una paga de 1.260 días por año trabajado (42 mensualidades).

El líder de la patronal catalana ha instado a sindicatos, empresarios y políticos a trabajar sobre el texto “con la mayor diligencia” para lograr cuanto antes “el principal objetivo en este momento, que es la creación de empleo”.

También mostró su respaldo a la propuesta del ejecutivo fue la Federación Nacional de Trabajadores Autónomos, que calificó de “valiente” el documento porque toca “temas tabú” como clarificar las causas económicas del despido objetivo.

“Simulacro”

Más pesimismo y enfado con el Gobierno han mostrado las centrales sindicales. El secretario general de UGT, Cándido Méndez, cree que la propuesta no deja de ser un “simulacro” del modelo austriaco de despido, por lo que ve necesario “reorientar” algunas de estas medidas.

Así pues, el líder de UGT admitió que el modelo austriaco “exigirá un esfuerzo” en la negociación a tres bandas entre sindicatos, patronal y Gobierno.

No obstante, Méndez valoró el planteamiento de reducción de jornada al estilo alemán, que combinaría el recorte de horas de trabajo con el paro, así como los nuevos incentivos a la contratación de jóvenes.

Por parte de CCOO, Fernández Toxo insistió en que “no le gusta ni el tono ni la música” del documento porque el Ejecutivo “ha pillado de mala manera” la propuesta que ha hecho su sindicato de explorar vías como el modelo austriaco para resolver problemas en el despido.

En su opinión, el Ejecutivo insiste en “fórmulas que ya están agotadas” y, en lugar de analizar la posibilidad de reducir el número de contratos y simplificar los contratos estables (con uno sería suficiente, según Toxo), “se dedica a precarizar todavía más la contratación a tiempo parcial y otras”.

Tampoco le convence a Toxo la propuesta del Gobierno de ampliar el uso del contrato de fomento del empleo estable (indemnización por despido improcedente de 33 días por año trabajado), porque este contrato nació hace trece años con una vocación temporal y en determinadas circunstancias y últimamente apenas se utilizaba.

“Había entrado en desuso porque las empresas cuando tienen una actividad estable no piensan en cuánto les va a costar el despido. Con el contrato indefinido ordinario (despido de 45 días por año) es más que suficiente, pero podemos buscar una vía para minimizar el coste del despido cuando éste sea inevitable sin minorar los derechos indemnizatorios de los trabajadores, esto es más útil que algunas ocurrencias que además aparecen desdibujadas en el documento”, opinó.